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Documento de la Mesa de Democracia y Ciudadanía de PAS, recientemente publicado por la Universidad de Chile, establece una serie de principios y ejes para que la nueva Constitución consagre un sistema que permita profundizar la democracia mediante una participación ciudadana incidente en la toma de decisiones. Paulina Astroza, abogada, doctora en Ciencias Políticas y coordinadora de la Mesa, explica la relevancia de contar con mayores herramientas de participación ciudadana y cómo la Carta Fundamental debe garantizar un nuevo modelo de Estado Social de Derechos.

Uno de los temas que se comenzará a abordar prontamente en la Convención Constitucional, cuando se abra la deliberación de los contenidos constitucionales, será el régimen democrático que nos regirá para el futuro. En esta discusión surgirán materias como el tipo de Estado que se instaurará, el rol de las instituciones y los partidos políticos, el tipo de régimen político y la participación ciudadana, entre otros. La Mesa Democracia y Ciudadanía, que se desarrolló en la Propuesta de Acuerdo Social (PAS) liderada por la Universidad de Chile, congregó a una serie de actores académicos, sociales y políticos, quienes luego de una serie de debates y reuniones llegaron a algunas conclusiones en torno a los pilares que debiese tener el sistema democrático y que deberían quedar escritos en la nueva Constitución.

Paulina Astroza, coordinadora de esta mesa de trabajo, destaca uno de los puntos centrales del documento: la participación ciudadana. Para la abogada y académica es necesario establecer puentes entre la ciudadanía y la política para fortalecer lazos, y eso se puede lograr con una mayor incidencia de la sociedad mediante elementos efectivos de participación ciudadana.

“Para fortalecer su dimensión participativa y deliberativa, la democracia debe asegurar la participación incidente de los ciudadanos entre elecciones, y generar nuevos espacios de participación manteniendo altos estándares de transparencia y acceso a la información. La participación debe diseñarse de tal manera que complemente la representación y acerque la labor institucional a la voluntad de los representados. A su vez, el sistema político debe estar dotado de la flexibilidad institucional necesaria para la resolución democrática y participativa de las crisis políticas. Deben introducirse fórmulas de democracia directa como una manera de restablecer una relación entre política y sociedad. Los plebiscitos de 1988 y 2020 han demostrado que estos mecanismos son especialmente eficientes para resolver crisis de fondo en la sociedad”, explica Astroza.

En esta dirección, el documento establece algunas medidas concretas que pueden ayudar a desarrollar nuevos mecanismos de participación:

  • La primera es establecer el derecho de participación política de la ciudadanía más allá de la elección periódica de autoridades. La participación ciudadana debe ser parte del proceso de toma de decisiones en todas las áreas del Estado.
  • Se debe restablecer el voto obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años, así como consagrar el voto voluntario para los mayores de 16 años, para facilitar la incorporación al sistema político de adolescentes considerados adultos en las otras dimensiones de responsabilidad social.
  • El establecimiento en el sistema político de mecanismos de democracia directa. La Constitución debe incluir la convocatoria a plebiscitos y consultas a nivel nacional, regional y local, debidamente regulados y validados por un porcentaje preciso del electorado, orientados hacia temas que afecten directamente a la ciudadanía.
  • De la misma manera, se debe establecer la iniciativa popular de ley con un umbral preciso de firmas, así como la revocatoria de leyes sobre la misma base de aprobación popular y la fijación de un período determinado de vigencia.
  • Cabe también, en este acápite, la promoción por parte de los partidos de los debates pre-legislativos, utilizando con mayor frecuencia las audiencias y la información pública, incluyendo la distribución de borradores de proyectos y resoluciones entre las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general.

Régimen y partidos políticos

¿Qué tipo de régimen debería imperar? ¿presidencialista o parlamentario? y ¿qué rol deben jugar los partidos políticos? Estas son otras de las interrogantes que planteó la Mesa Democracia y Ciudadanía. Sobre esta materia, una de las conclusiones apunta a que se debe desconcentrar el poder que otorga el sistema presidencialista para transitar hacia un régimen semipresidencial.

“El régimen político hiperpresidencialista que ha caracterizado a Chile durante las últimas décadas necesita ser modificado. Sabemos que ningún sistema institucional es neutral y todo régimen político trae consigo problemas y puede verse paralizado ante situaciones de crisis, pero la Convención Constituyente deberá adoptar decisiones que permitan desconcentrar el actual poder presidencial. Si bien no nos inclinamos por el extremo de un régimen parlamentario, cuya viabilidad se hace difícil en un sistema electoral tendiente a la dispersión, sí abogamos porque la nueva Constitución establezca una forma específica de régimen semipresidencial que, respondiendo a las marcas de identidad institucional que el presidencialismo tiene en Chile, sea capaz de abrir una mayor flexibilidad, descentralización y equilibrio entre los poderes del Estado”, explica Astroza.

Respecto a los partidos políticos, últimamente tan poco legitimados por la sociedad, el documento apuesta por volver a fortalecer las ideas, por sobre los personalismos, para intentar recuperar la confianza perdida. En ese sentido, el documento establece que “el sistema político debe incluir incentivos para potenciar partidos programáticos, menos clientelistas y basados en personalismos. Es necesario aumentar los controles sobre el clientelismo electoral. Si bien la reforma a los partidos estableció límites y regulaciones para la relación entre dinero privado y política, falta avanzar en el uso de los dineros públicos. La creación de redes de cooptación electoral, mediante el uso de fondos privados o públicos destinados al desarrollo local y a programas sociales, limita las opciones ciudadanas y facilita procesos de corrupción. Se debe fortalecer el poder municipal y dar mayores atribuciones a los consejos municipales, lo que implica necesariamente consolidar también las contralorías regionales”.

Estado Social de Derecho

Por último, una de las conclusiones de la Mesa se enfoca en dos conceptos: el tipo de estado y las libertades individuales. En lo primero, el cambio es claro y establece concretar un sistema de Estado Social de Derechos que asegure mayor justicia social y una mejor vida en comunidad.

“La democracia que Chile requiere debe estar basada en un Estado social de derechos que, junto con garantizar una efectiva igualdad de oportunidades y no solo una formal, asegure en lo posible la igualdad de resultados en sus políticas sociales, de tal manera de impulsar la cohesión social, cultural y territorial de la sociedad y la protección de todos y todas frente a las contingencias sociales. Ello supone establecer los mínimos económicos y culturales necesarios para la vida en comunidad, así como los mecanismos y capacidades que permitan su desarrollo”, comenta Astroza.

Agrega, por otra parte, que esta democracia debe también proteger las libertades individuales en el marco del bien común: “La democracia chilena debe aspirar a que todas y todos los habitantes del país desarrollen sus vidas en un marco de libertad, que permita la expansión de sus propios objetivos personales y colectivos. Debe garantizar las libertades esenciales de expresión y participación en los asuntos públicos; asegurar la libertad económica regulada en base al bien común y, en el marco de la diversidad cultural, promover la igualdad y cohesión social, entendidas como una mejor distribución de los recursos disponibles; y la solidaridad, que permite superar privilegios o ventajas que impiden a la sociedad desarrollarse como tal”, concluye la académica.