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La desigualdad en Chile tiene definición territorial en un modelo de desarrollo que presenta altos niveles de concentración y centralismo, tema a abordar en la discusión de una nueva Constitución. Cuando el desarrollo está afectado por la desigualdad exacerbada y creciente, relacionada fuertemente con la producción económica y la organización del territorio, afecta la vida cotidiana de las personas, agravándose con variables como ruralidad, género y pueblos originarios. Lo evidencian estudios sobre el Índice de Calidad de Vida Urbana, que realiza la Cámara Chilena de la Construcción que establece con parámetros comparativos, que en regiones se presentan menores opciones de acceso a educación, servicios, comercios, condiciones laborales y de conectividad.

La desigualdad territorial se profundiza cuando los servicios públicos funcionan como buzón de demandas que son resueltas en la capital, sin considerar el contexto territorial. Ello se valida por políticas públicas o simplemente por la pasividad del Estado al no dar respuesta oportuna a problemáticas locales, dificultando el desarrollo regional y en definitiva el crecimiento armónico del país. El concepto de cohesión social hace sentido y se materializa en políticas públicas territoriales que favorecen un acceso equitativo de servicios y equipamiento público y privado, y debiera transformarse en la nueva constitución, en un principio de las políticas públicas y una estrategia del país que favorezca el crecimiento y dé solución a los desequilibrios territoriales.

La centralización de los recursos financieros, de infraestructura y capital humano, produce desigualdades difíciles de contrapesar con la capital del país que concentra el 40% de la población, según el Censo de 2017. Las asimetrías territoriales ponen tensiones en el rol universitario, ya que pese a que las universidades regionales nacieron con una misión ligada al desarrollo territorial, lo cierto es que estos fines se ven frustrados por el financiamiento que limita su accionar.

Un desarrollo armónico y equitativo entre regiones requiere de un marco legal que favorezca políticas territoriales descentralizadas, transformando la discusión de una nueva constitución en una oportunidad de colocar en el centro del debate la regionalización, la descentralización política, administrativa y fiscal.