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Experto en Estudios Latinoamericanos e investigador de la Universidad de Playa Ancha asegura que la pandemia le ha permitido al gobierno focalizarse en uno de los aspectos que más le interesa: la seguridad ciudadana y el control de las personas.

 

Mientras continúe fuerte y legitimado el proceso de cambio constitucional, no debería haber movilizaciones sustantivas. Sin embargo, si no se logra un nuevo pacto social que garantice justicia y equidad social, lo más probable es que continúen los estallidos.

Estas declaraciones corresponden al antropólogo doctor Andrés Donoso Romo, del Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Universidad de Playa Ancha, especialista en Integración de América Latina, quien advierte que, como país, estamos viviendo un momento histórico.

–¿Para usted, el simbólico salto del torniquete de octubre de 2019 gatilló el proceso constituyente que vivimos actualmente?
–El proceso constituyente tiene mucho que ver con el estallido social. Es más, no se pueden ver ni analizar por separado. Pero este proceso constituyente también tiene mucho que ver con esa serie de movimientos sociales que vienen ocurriendo desde hace ya varias décadas: estudiantiles, feministas, medioambientales, etc. Y todos son relevantes, sin ellos no estaríamos viviendo el actual momento político.

PROCESO INÉDITO

–¿Cómo califica esta idea concreta de reescribir la nueva Constitución entre todos los chilenos?
–Como especial, como un momento donde se debe expresar a cabalidad la capacidad política de nuestra colectividad. Sin duda, para las diferentes fuerzas políticas de la sociedad, participar de un proceso constituyente es una cuestión superpotente. Para el país, definitivamente, es un proceso inédito donde esperamos que todo el abanico de opiniones y visiones presentes en nuestra sociedad sea escuchado.

–En rigor, desde 1990 comenzamos a vivir en democracia, pero recién hoy, 2021, somos parte de un proceso democrático real… ¿Cómo se explica eso?
–La idea de democracia varía en función de la perspectiva teórica y/o ideológica con que encaremos la realidad. Pienso, en este sentido, que desde 1990 hemos estado viviendo una democracia particular.

–¿Puede precisar esa particularidad?
–Me refiero a una democracia neoliberal, una democracia donde el rayado de la cancha tiene límites superclaros y superestrechos al mismo tiempo. Son límites que no permiten hacer cambios sustantivos en pro de algunos valores y aspiraciones legítimas de parte importante de la población, como la justicia social. La gran limitante del sistema neoliberal en el que estamos es que es incapaz de ver a la desigualdad e injusticia social como problemas. Es su gran punto ciego. Es más, esta desigualdad e injusticia social no solo son su punto ciego: son parte de las condiciones que necesita para seguir reproduciéndose. Es por esto que desde la década de 1980 se vienen acumulando tensiones que se expresan de diversas maneras, entre ellas la más elocuente: el estallido de octubre de 2019.

–¿Y cuál es el rol del Estado en este tipo de sociedad como la nuestra? El Estado, ¿dónde está?
–El Estado garantiza un piso mínimo de salud, educación, pensiones… En fin, diferentes prestaciones sociales para la población, pero es un Estado siniestro, porque los servicios que garantiza son de muy mala calidad, lo que hace que la población intente huir de ellos. Todas las personas, cuando tenemos un poco más de dinero, nos alejamos del sistema público de salud, de la educación pública, de cualquier servicio asociado al Estado, porque la calidad de sus prestaciones es notoriamente peor que la que se ofrece en el sistema privado.

–Es una cuestión de financiamiento, de ver dónde está la plata…
–Exacto, tiene que ver con que los servicios que ofrece el sector público están desfinanciados, no cuentan con los recursos necesarios para realizarse de la manera apropiada. Con otras palabras, las instituciones públicas manejan mucho menos recursos que sus homólogas privadas, lo que significa que para satisfacer la misma misión (educar, por ejemplo), la primera cuenta con un tercio de los recursos, o menos, de que dispone la segunda. Esta fórmula tan siniestra es la que expulsa a las personas de los servicios públicos y es, a la larga, la responsable de que el sistema privado tenga carta blanca para lucrar con la satisfacción de derechos que, pienso, deberían estar garantizados por el Estado.

NUEVA CANCHA

–¿Cree que esta nueva Constitución saldará esta deuda que el Estado tiene con los chilenos?
–Creo que sí. Este proceso constituyente nos puede permitir cambiar esta cancha neoliberal en la que llevamos cuatro décadas y dibujar una diferente.

–¿De qué tipo de cancha habla? ¿Es posible ponerle apellido a esa cancha?
–Aunque no es fácil etiquetar un proceso tan complejo como el que estamos analizando, creo que lo más probable, y sensato, sería construir una cancha «liberal», no socialista, tampoco comunista, menos aún neoliberal, una cancha liberal donde lo público y lo privado continúan coexistiendo, pero lo público adquiere mucho más responsabilidad. Sin expulsar a sus beneficiarios y beneficiarias al sector privado. Y lo privado continúa participando en áreas sensibles del quehacer nacional, como la educación, pero de manera mucho más regulada, sin los subterfugios que durante décadas han venido utilizando muchas «empresas» educacionales para lucrar. Una cancha «liberal», en definitiva, donde la injusticia e inequidad social sean una preocupación permanente, no un punto ciego, no un tema tabú que lo único que quiere es evitarse.

–Estamos en un momento histórico en la vida democrática de nuestro país…
–Sí, de todas maneras. Y en ese análisis es necesario tener presente que estamos viviendo un proceso constituyente gracias a que hubo un estallido social. Pero así como es verdad que el proceso constituyente es producto del estallido social, también es cierto que el estallido social es expresión de una crisis profunda que vive el país y que no se resuelve de un día para otro. Por eso entiendo que, si bien es un momento histórico, no lo es solo por el proceso constituyente. También lo es por toda la crisis que hay detrás y, ciertamente, por todo el dolor que ella ha costado. Me refiero a la suma de precariedades que ha debido soportar la mayoría de la población en las últimas décadas y, ciertamente, a las decenas de personas que murieron en medio de confusas circunstancias durante el estallido y a quienes fueron víctimas de la violencia ejercida por instituciones que debían velar por nuestra seguridad.

–¿Entonces lo peor ya pasó?
–Seguimos viviendo una crisis, porque se trata de un proceso largo. No sabemos cuándo podremos salir de ella. Es más, nadie nos asegura que vamos a salir. Si no logramos un nuevo pacto social, una nueva Constitución que enfrente de manera frontal la desigualdad e injusticia social, la crisis va a permanecer y ella se va a seguir expresando de diversas maneras, también mediante estallidos. Sabemos que Venezuela, Argentina y otros países de América Latina que han enfrentado crisis similares en los últimos años han demorado muchísimo en salir de ellas. Incluso, más de alguien se puede preguntar si han salido efectivamente de ellas. Lo importante, en último término, es percibir que debemos cultivar la paciencia sin perder de vista lo urgente que es avanzar hacia una sociedad que tenga a la igualdad y la justicia social como su principal horizonte.

EFECTO PANDEMIA

–¿Considera que la pandemia desalentó de alguna manera las demandas y movilizaciones sociales?
–Primero, decir que la pandemia nos sorprendió a todos y creo que el Ejecutivo, con los partidos que están detrás, hizo lo que se esperaba que hiciera: aprovechar la coyuntura para poner en un lugar central los temas de seguridad ciudadana, de delincuencia y de control de la población. Es cosa de ver el revuelo que se ha armado estos días por el monumento a Manuel Baquedano. Es algo bastante difícil de entender para quienes queremos que el foco sea la desigualdad y la injusticia social. Pero sí, creo que a este Ejecutivo le encantan las cámaras, los drones, la comisaría virtual, alarmar, controlar. Eso lo hace muy bien y con mucha sofisticación. Ya quisiéramos toda esa creatividad orientada a mejorar la calidad de la educación o de la salud pública. Entonces, pienso que la pandemia aplaca el estallido, que es la expresión visible de la crisis de nuestro ordenamiento neoliberal, porque el gobierno la ha sabido aprovechar para posicionar uno de sus temas preferidos, y que convoca, claro está, al grueso de sus adherentes: la represión y el control de la población.