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El proceso constituyente nos entrega como país una oportunidad de reflexionar la sociedad que queremos y cómo deseamos proyectarla en el tiempo. Evidentemente cada grupo de interés tendrá sus propias aspiraciones, pero no está en discusión que la nueva carta magna debe consagrar derechos básicos desde una mirada social y no económica. El derecho a la educación es irrefutable, el cómo ejercerlo y cómo se involucra el Estado es lo que se debe reflexionar y debatir, siendo la educación pública garantía de este derecho en todos sus niveles.

Desde ese rol público, la educación superior y las universidades estatales deben tener un reconocimiento claro en su papel y misión en favor del desarrollo de las regiones y el país, así como también señalar los compromisos que deben asumir.

El derecho a la educación es reconocido como fundamental de todos los seres humanos y se debe garantizar y proteger; y el derecho a la libertad de enseñanza, que conlleva la elección de los padres de elegir la educación de sus hijos, sólo será posible cuando nuestro sistema educativo cuente con los mismos estándares de calidad. En particular, la educación superior estatal ha permitido la formación de profesionales y el desarrollo de territorios alejados de grandes urbes, es por ello que se debe garantizar su progreso y modernización; y que no se vea afectado por el financiamiento de leyes de presupuesto, sin una mirada de largo plazo que pueda proyectar el desarrollo armónico del país con el apoyo de sus universidades.

Una nueva constitución nos permite poner en el debate la visión de país que queremos y el derecho a la educación, que juega un papel trascendental en esa discusión. La calidad, la equidad y la inclusión en todo el sistema educativo es lo que permitirá a todas las personas un desarrollo en igualdad de oportunidades. El debate previo que ha estado en discusión por una nueva constitución, la recta final de la elección de constituyentes y todo el trabajo de la convención, también es una oportunidad para las universidades estatales de seguir aportando a las transformaciones que requiere el país, con espacios de intercambio de ideas que permitan generar compromisos y consensos sin desconocer la responsabilidad que tienen los ciudadanos de elegir a quienes mejor representen los intereses de toda la sociedad chilena.